Murcia, 9 abr (EFE).- La sentencia de 12 años de prisión dictada contra Ramón U.S. por la muerte a puñaladas de un joven hace ahora casi dos años en el polígono industrial de Lorquí (Murcia) señala que el autor del crimen ni colaboró con la Guardia Civil para el esclarecimiento de los hechos ni reparó el daño causado.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado que juzgó a U.S. rechaza así la aplicación de dos de las atenuantes solicitadas por la defensa y aprecia sólo la de arrebato u obcecación.
Afirma que el joven ahora condenado por un delito de homicidio "compareció ante la Guardia Civil treinta horas después de la muerte de José Carlos C., tras conocer que las inmediatas investigaciones habían llevado a su plena identificación".
"Una vez que hubo comparecido, añade, no prestó declaración, como tampoco aportó dato relevante alguno, ni ante los agentes ni ante el Juzgado de Instrucción, para el esclarecimiento de los hechos, la localización y recuperación del arma homicida o cualquier otro extremo trascendente".
Afirma también que "cuando el acusado hace el gesto de presentarse ante la Guardia Civil, las diligencias de investigación estaban no sólo iniciadas, sino muy avanzadas".
En cuanto a la atenuante también solicitada por la defensa por haber consignado la familia de Ramón U. 6.000 euros a disposición de los herederos de la víctima, indica que esta cantidad "es insignificante" frente a los 150.000 euros de indemnización que deberá pagar.
El magistrado-presidente afirma en otro momento que no cabe imponer ninguna medida accesoria de prohibición de acercamiento o de comunicación del acusado con la familia del fallecido al no haberlo solicitado expresamente ni el fiscal ni la acusación particular.
Lo que sí acepta la sentencia es la solicitud de la acusación particular de incluir entre los perjudicados no sólo al hermano menor de la víctima que convive en el hogar familiar con los padres, sino, también, a los dos hermanos mayores, y fija una cantidad total de 150.000 euros.
El fiscal ha anunciado que no recurrirá la sentencia, mientras que tanto la acusación particular, que pedía una condena por asesinato, como la defensa estudian plantear sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región. EFE